Escándalo en Bogotá: Concejala Diago Denuncia que Alcaldía de Galán No Instala Cámaras Clave Contra el Crimen

Foto: Konuco

Se trata del convenio SCJ-1904-2023, suscrito en diciembre de 2023 por más de $14.000 millones, para instalar 200 cámaras LPR (reconocimiento de placas) y fortalecer la vigilancia en la ciudad.

Según Diago, a casi un año y medio de su firma, solo se han instalado 50 de las 200 cámaras prometidas, un desalentador 25% de avance. "La ciudad ya pagó cerca de 7.000 millones de pesos y las cámaras siguen guardadas en una bodega desde julio del año pasado. Esta es una muestra clara de la falta de gerencia del secretario de Seguridad y del alcalde Galán", afirmó la concejala con vehemencia.

El contrato ha sido un calvario de dos prórrogas y tres suspensiones, lo que ha impedido su puesta en marcha efectiva. Diago no dudó en señalar que, si bien la administración anterior firmó el contrato sin prever la falta de infraestructura eléctrica y de conectividad, "esta no puede ser excusa para el secretario de seguridad de Galán lavarse las manos y dejar en vilo uno de los contratos más importantes para mejorar la infraestructura para la seguridad que tanto necesita la ciudad".

A pesar de que el contratista entregó los equipos el 16 de julio de 2024, estos permanecen sin uso, acumulando polvo en un almacén, mientras la inseguridad avanza sin freno. Para la concejala, "el gobierno de Galán no responde con celeridad, no articula con otras entidades, y deja pasar los días mientras los ciudadanos siguen esperando resultados".

Entes de Control Respalda las Serias Denuncias de Diago

Las acusaciones de la concejala Diana Diago no están solas. La Contraloría de Bogotá ha ratificado sus denuncias, advirtiendo sobre presuntas fallas en la planeación y atrasos en la ejecución del contrato, calificando la situación como un "hallazgo administrativo". Además, el ente de control señaló la falta de multas o correctivos pese a los incumplimientos evidentes.

Por su parte, la Procuraduría General ha iniciado una indagación disciplinaria por posibles irregularidades, incluyendo el cuestionado reemplazo de la interventoría externa por una supervisión interna de la misma Secretaría, sin el respaldo técnico necesario.

"Bogotá tiene las herramientas tecnológicas para combatir el crimen, pero el problema es que no hay gerencia. Mientras los criminales actúan con rapidez, Galán responde con lentitud e improvisación", insistió Diago, la voz de alerta en este escándalo.

La cabildante, militante del Centro Democrático, lanzó un ultimátum al alcalde Galán, exigiéndole "garantizar la ejecución correcta del contrato y que se articule con las entidades responsables y necesarias para que entren en funcionamiento". Su mensaje final fue claro y contundente: "No pueden seguir esperando a que pasen las cosas, es necesario que los contratos se cumplan".