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Crisis financiera en el sistema de salud: EPS adeudan $32,9 billones, revela informe de la Contraloría

17/7/25

Por:

Alianza MCNBTA

El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis financiera sin precedentes. Así lo advierte el más reciente informe de la Contraloría General de la República, que reveló que 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan una deuda de $32,9 billones de pesos con clínicas, hospitales, laboratorios, operadores farmacéuticos y otros actores del sector.

Foto: Presidencia de la republica


La cifra, que creció en $7,9 billones respecto a 2023, refleja un deterioro profundo del modelo de aseguramiento vigente, basado en la intermediación financiera de las EPS. Según el ente de control, la deuda no solo compromete la estabilidad de los prestadores, sino que ya afecta directamente a los usuarios, quienes deben cubrir de su bolsillo medicamentos, citas médicas y procedimientos ante la creciente fragmentación y demora en la atención.

Recursos públicos sin rastro ni justificación

Uno de los hallazgos más graves del informe es que $2,71 billones girados por la ADRES a las EPS no han sido reportados en los estados financieros de estas entidades. La Contraloría iniciará actuaciones fiscales para esclarecer el destino de estos recursos, cuyo uso permanece sin trazabilidad.

Además, entre 2020 y 2024, $15,79 billones han circulado por el sistema sin un registro verificable. Solo en 2024, el monto sin trazabilidad alcanza $4,22 billones, lo que revela un patrón de opacidad sistemático.

Gobierno: pagos al día y presión por reforma

En respuesta al informe, el Gobierno aseguró estar al día en los pagos y denunció que la crisis actual responde a fallas estructurales dentro de las EPS. “No debemos ni un solo peso. Las EPS intervenidas han reducido su deuda con clínicas y hospitales en 14%”, aseguró el presidente Gustavo Petro. Según el Ministerio de Salud, el presupuesto destinado al aseguramiento creció un 40% durante este Gobierno, y la UPC aumentó un 12% en 2024, muy por encima de la inflación del 5,2%.

EPS sin capacidad financiera mínima

El informe también revela que muchas EPS no cumplen los requisitos básicos para operar. De las 26 entidades evaluadas:

  • Solo 5 cumplen con la provisión e inversión de reservas técnicas.

  • Apenas 10 muestran indicadores adecuados de liquidez y solvencia.

  • El 61% carece de recursos líquidos suficientes para operar.

  • 16 EPS incumplen simultáneamente los tres requisitos financieros principales.

Pese a ello, estas entidades siguen manejando cuantiosos recursos públicos, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Desabastecimiento de medicamentos, otra alerta

Aunque el Gobierno ha girado el 90,3% de lo facturado por operadores farmacéuticos en 2024 —unos $13,3 billones—, persisten graves fallas en el suministro de medicamentos. La falta de explicación técnica por parte de los gestores farmacéuticos ha elevado las quejas de los usuarios.

"Dicen que colapsamos el sistema porque no hay medicina, pero esto es falso. Si hemos pagado, ¿por qué no están en las farmacias?", cuestionó el presidente Petro, quien atribuyó la responsabilidad a los intermediarios privados.

Corrupción histórica y desvío de recursos

La Contraloría también documenta prácticas corruptas arraigadas: desvío de fondos a paraísos fiscales, IPS de papel, cobros duplicados de la UPC, y manipulación contable para ocultar déficits. Desde 2022, se han abierto 522 procesos fiscales por más de $11 billones, con 111 imputaciones y 41 fallos ejecutoriados.

Reforma: ¿única salida?

El Gobierno insiste en que la reforma estructural del sistema es urgente e inaplazable. La propuesta busca eliminar progresivamente la intermediación de las EPS, fortalecer la atención primaria, habilitar auditorías integrales y crear mecanismos de saneamiento financiero.

El Ministerio de Salud también plantea recuperar recursos fiscales eliminando exenciones como la de aportes patronales, lo que significó un sacrificio de $17,7 billones solo en 2024. Petro, por su parte, propone aumentar el impuesto de renta a las personas más ricas para financiar el derecho a la salud.

“El actual modelo está al borde del colapso. Sostenerlo es normalizar el desvío de recursos, la opacidad financiera y la desprotección de millones de colombianos”, concluye el informe.

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