Contraloría y Personería actúan tras denuncia de concejal Uscátegui contra Secretario de Seguridad de Bogotá.

Foto: Concejo de Bogota

La denuncia fue impulsada por el concejal Julián Uscátegui Pastrana, quien señaló una “alarmante cadena de malos manejos administrativos” en la dotación tecnológica de frentes de seguridad, el mantenimiento de vehículos policiales y la gestión del pie de fuerza en la ciudad.

“Se gastaron más de 15.500 millones de pesos, pero los resultados son irrisorios. Contratos mal planeados, cámaras que no funcionan y ningún beneficio real para las comunidades”, cuestionó el cabildante del Centro Democrático.

Según la Contraloría de Bogotá, entre 2022 y 2024 se firmaron tres contratos con la ETB para fortalecer 800 frentes de seguridad. Sin embargo, solo se logró impactar al 12,5 % de la meta. Los equipos entregados fueron retirados al finalizar los contratos, dejando a las comunidades sin herramientas para su protección.

La entidad de control halló deficiencias críticas en la planeación contractual, ausencia de estudios de mercado, posibles sobrecostos y hallazgos fiscales y disciplinarios por más de 600 millones de pesos. La Personería de Bogotá, por su parte, abrió una investigación formal contra el secretario Restrepo, como respuesta al traslado de la denuncia de Uscátegui.

“El secretario debe responder por una gestión negligente que ha puesto en riesgo la vida de miles de ciudadanos. Esto no es una falla menor, es una falta grave de responsabilidad pública”, insistió el concejal.

A ello se suma un déficit de más de 10 mil policías en la capital, muy por debajo del estándar internacional. Las localidades de Suba, Bosa y Kennedy son las más golpeadas por la baja presencia institucional. Además, el 22 % del parque automotor entregado a la Policía está fuera de servicio por falta de mantenimiento. En cuanto a tecnología, aunque Bogotá cuenta con 10.900 cámaras de videovigilancia, solo el 27 % del espacio público está cubierto. De las más de 15.000 cámaras privadas en copropiedades, apenas el 19,15 % están integradas al sistema distrital de monitoreo (C4).

“La ciudad está completamente expuesta. Hay una desconexión total entre la millonaria inversión y los resultados reales en seguridad. Es hora de asumir responsabilidades y exigir cambios profundos”, concluyó Uscátegui.