Desorden operativo y riesgo financiero: así quedó al descubierto la crisis interna de TransMilenio

Foto: Transmilenio

La auditoría financiera, de gestión y resultados describe un sistema sometido a riesgos jurídicos, operativos y administrativos que avanzan en silencio y comprometen su estabilidad. En el frente financiero, la entidad acumula $303.089,01 millones en pasivos contingentes por demandas y reclamaciones vigentes, clasificadas como “posibles” a diciembre de 2024. La Contraloría advierte que estos procesos carecen de una gestión técnica robusta: no existe un modelo consolidado para medir su impacto, los soportes se administran de forma dispersa y la entidad no cuenta con un sistema de seguimiento adecuado que permita anticipar escenarios adversos. El riesgo, según el organismo de control, es real y está subestimado.

A nivel operativo, la auditoría revela un panorama aún más delicado en los principales portales del sistema —20 de Julio, El Dorado, Américas, Usme, Tunal y Sur— donde se evidenció un débil control sobre el ingreso y salida del personal responsable de la operación diaria. El problema no se limita a fallas administrativas: en varias instalaciones no se registran las entradas en tiempo real, existen turnos que no coinciden con el personal presente, se detectaron ingresos sin identificación validada y, en algunos casos, se accede a zonas restringidas sin verificación previa. Esta falta de trazabilidad compromete directamente la seguridad interna, dificulta la supervisión del cumplimiento laboral, altera la organización de los equipos operativos y genera vacíos que podrían facilitar irregularidades o manipulaciones en la operación. Para la Contraloría, se trata de un riesgo estructural: sin control riguroso del personal que maneja infraestructura crítica, el sistema queda expuesto a fallas humanas, omisiones o accesos indebidos que podrían afectar la continuidad del servicio.

Paralelamente, el informe evidencia la falta de acciones sancionatorias frente al concesionario Recaudo Bogotá, pese a las repetidas interrupciones del SIRCI, la columna vertebral tecnológica del sistema de recaudo. La administración de la gerente Maria Fernanda Ortiz, aunque cuenta con facultades contractuales para exigir correctivos y aplicar sanciones, no las utilizó, lo que para el organismo de control refleja una omisión que pone en riesgo la estabilidad del sistema y afecta directamente a los usuarios. Esta inacción ha permitido que fallas prolongadas se repitan sin consecuencias claras para el operador.