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El costo oculto de La Rolita: hallazgos de la Contraloría destapan improvisación y riesgos millonarios en TransMilenio.
26/11/25
Por:
Periodista de MCNBTA
La crisis de gestión en TransMilenio vuelve a quedar expuesta. Documentos conocidos en exclusiva por NoticiasBTA, particularmente el Informe Final de Auditoría de la Contraloría de Bogotá (Código 86), revelan que la selección de la Operadora Distrital de Transporte —ODT S.A.S., conocida como La Rolita— para operar el TransMiCable estuvo marcada por graves irregularidades que comprometen la legalidad y la planeación del contrato por $148.800 millones.
Foto: Alcaldia de Bogota
Aunque presentada como el proyecto público “modelo” de movilidad y eficiencia, La Rolita fue adjudicada sin los soportes técnicos y financieros mínimos que exige la ley. La Contraloría determinó que TransMilenio S.A. firmó un contrato de casi $149 mil millones sin análisis económico de fondo, sin estudios suficientes y sin la validación financiera que respaldara la conveniencia de la oferta.
Frente a esas fallas estructurales, la entidad —según el organismo de control— acudió a un modificatorio del contrato (No. 1 de 2023) para “arreglar” el proceso después de adjudicado. La práctica, considerada por la Contraloría como irregular y contraria a los principios de la contratación estatal, constituye una maniobra administrativa para tapar errores de planeación.
Este nuevo hallazgo se suma a un patrón creciente de irregularidades que NoticiasBta ha venido documentando gracias al acceso exclusivo a informes de auditoría y testimonios internos del sistema. Entre ellas destacan:
Un sobrepago superior a $1.033 millones por concepto de arriendo en el Contrato 1144-24, reflejo de fallas persistentes en los mecanismos de control interno.
Una adjudicación con presunta incidencia penal y disciplinaria en el Contrato 1545-2024, relacionada con la selección de la firma encargada de la revisoría fiscal, lo cual compromete la integridad del sistema de vigilancia financiera de TransMilenio.
Irregularidades en la contratación de gestores de convivencia, quienes, pese a ser vinculados mediante OPS, son obligados a cumplir horarios fijos de entrada y salida, enfrentan descuentos, y reciben sanciones que no corresponden a la naturaleza de su contrato.
Prácticas de control y vigilancia mediante cámaras del sistema que generan alertas sobre posibles excesos y afectaciones a las condiciones laborales de los contratistas.
Un riesgo judicial acumulado de $303.089 millones, cifra que amenaza con impactar las finanzas futuras del sistema de transporte.
Mientras estas inconsistencias se acumulan, los usuarios enfrentan congestión, demoras y fallas operativas en portales y estaciones, puntos donde la crisis de gestión se vuelve evidente: mantenimiento insuficiente, falta de articulación entre operadores, retrasos en flota y decisiones administrativas que no responden a la realidad del sistema.
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