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El cartel del agua: Denuncian robos de mas de 16 mil millones mientras los embalses bajan

3/2/26

Por:

Angelo Moreno

“Bogotá no puede seguir esperando a que llueva”, advirtió el concejal Marco Acosta ante el Concejo Distrital, al presentar un panorama que, lejos de la calma que han traído las lluvias recientes, sugiere que la capital se encamina nuevamente hacia una crisis de agua. Su mensaje fue directo: sin cambios estructurales inmediatos, el racionamiento podría volver en 2026.

Foto: Concejo de Bogota


Bogotá ha tenido días grises y calles mojadas, pero los embalses no reflejan ese alivio. El Sistema Chingaza, del que depende cerca del 70 % del agua potable de la ciudad, se encuentra alrededor del 67 % de su capacidad y mantiene una tendencia descendente. Para Acosta, el dato es especialmente sensible en una ciudad de más de seis millones de habitantes y en un contexto de creciente incertidumbre climática en el Parque Nacional Natural Chingaza, donde nacen las principales fuentes que abastecen a la capital.


Durante el debate de control político, el concejal insistió en que las lluvias urbanas generan una falsa sensación de seguridad. El comportamiento climático en Bogotá no es un indicador confiable del estado real de los embalses, y la dependencia casi absoluta de un solo sistema convierte cualquier variación prolongada en un riesgo sistémico para la ciudad.


A ese escenario se suma un problema menos visible, pero igual de corrosivo: el hurto de agua. Mientras miles de hogares reducían su consumo durante los periodos de restricción, una economía ilegal crecía alrededor del recurso. Según las cifras expuestas, el valor del agua robada pasó de 9.159 millones de pesos en 2024 a 16.582 millones en 2025, y los procesos penales por defraudación de fluidos aumentaron un 66 %. Solo en noviembre de 2025, las pérdidas por agua no registrada superaron los 4.181 millones de pesos.


El fenómeno no es aislado ni marginal. Fontibón, Teusaquillo, Barrios Unidos, Kennedy y Engativá concentran buena parte de los casos, con modalidades que van desde carrotanques y ventas ilegales en bloque hasta hoteles con medidores alterados, conexiones industriales irregulares y lavaderos de carros clandestinos. Para Acosta, el mensaje es inquietante: el sistema pierde agua por dos frentes, el de la escasez natural y el de la apropiación ilegal.


El concejal también apuntó a fallas estructurales en la gestión pública. Bogotá, dijo, sigue reaccionando cuando la crisis ya estalló. No cuenta con una matriz clara de riesgo hídrico, avanza lentamente en proyectos de reutilización de aguas lluvias y residuales, y opera con redes de distribución que en muchos sectores superan los 40 años de antigüedad, generando pérdidas técnicas antes de que el agua llegue al grifo.


El diagnóstico deja una conclusión incómoda para una ciudad acostumbrada a abrir la llave sin pensar en su origen. La recuperación parcial de los embalses no garantiza seguridad hídrica, y la dependencia de Chingaza, combinada con el cambio climático y el robo sistemático del recurso, dibuja un escenario frágil. “O actuamos ahora con decisiones técnicas y control real”, advirtió Acosta, “o Bogotá volverá a abrir la llave y no encontrará agua”.

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