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El "Efecto Boomerang" del Salario Mínimo: Por qué subir la vivienda VIS no es una estafa sino un mandato legal
5/1/26
Por:
Periodista de MCNBTA
La reciente arremetida del presidente Gustavo Petro contra las constructoras, tildando de "estafa delictiva" el ajuste de precios en la vivienda social, ha chocado de frente con la realidad del ordenamiento jurídico colombiano. Aunque el Gobierno anuncia decretos para "desindexar" los precios, a día de hoy, las empresas están atadas a leyes que el mismo Estado ha ratificado.
Más allá de un decreto: Un sistema indexado
Contrario a la narrativa oficial, las constructoras no están "especulando" bajo el amparo de una sola norma. El ajuste de precios es la respuesta mecánica a un complejo entramado legal que incluye la Ley 1537 de 2012 y el Plan Nacional de Desarrollo.
Vivienda VIP: Tope de 90 SMMLV.
Vivienda VIS: Tope de 135 SMMLV (o 150 SMMLV en aglomeraciones urbanas).
Renovación Urbana: El Decreto 949 de 2022 permite incluso topes de hasta 175 SMMLV.
Al decretarse un aumento del salario mínimo cercano al 23% ($1.750.000) para 2026, el valor en pesos de estos topes sube automáticamente. No es una decisión discrecional de Camacol o de las constructoras; es la aplicación de contratos de promesa de compraventa que, legalmente, se firman proyectados al SMMLV del año de escrituración.
¿Desindexar a mitad del camino?
El anuncio de un nuevo decreto para separar el precio de la vivienda del salario mínimo llega cuando el "golpe" ya está dado. Al 5 de enero de 2026, la normativa vigente sigue obligando a la indexación. Expertos señalan que pretender cambiar las reglas de juego para contratos ya firmados podría generar una inseguridad jurídica sin precedentes en el sector construcción.
El veredicto de NoticiasBta
Acusar de "estafa" a quienes cumplen una ley vigente es una contradicción técnica. El alza en la vivienda es el efecto colateral directo de un salario mínimo alto en un sistema diseñado por el propio Estado para subir a la par de este
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