Contratación a contrarreloj: Karla Marin acelera la firma de miles de millones en Kennedy antes de que la saquen por inhabilitada

La controversia se origina en una sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado, emitida en diciembre de 2025, que confirmó la nulidad del nombramiento de Marín Ospina por haber ejercido un cargo público dentro de los tres meses previos a su postulación, una causal de inhabilidad advertida con antelación por la demandante María Victoria Vargas Silva. El fallo señaló expresamente que contra la decisión “no procede ningún recurso”, al tratarse de una sentencia definitiva en materia electoral administrativa.

Sin embargo, la alcaldesa local presentó una solicitud de aclaración ante el alto tribunal, un mecanismo previsto en el artículo 285 del CPACA para resolver ambigüedades o contradicciones en las sentencias. NoticiasBta conoció que dicha solicitud quedó registrada oficialmente ante el Consejo de Estado el pasado 14 de enero de 2026, una vez finalizada la vacancia judicial, teniendo en cuenta que la corporación retomó actividades el 13 de enero.

Mientras esa solicitud no sea resuelta, la decisión no se considera firme ni ejecutable, lo que ha permitido que Marín Ospina continúe ejerciendo el cargo y firmando contratos. De acuerdo con la edilesa Luz Stella Díaz Arévalo, esta situación ha derivado en una profunda contradicción institucional. “No llegaron las respuestas, no llegaron funcionarios, no se presentó nadie al debate de control político.”, afirmó.

Según la denuncia, entre la fecha en que se configuró la inhabilidad y el corte realizado el 19 de enero de 2026, la alcaldía local habría comprometido alrededor de 20.000 millones de pesos en contratación, sin que —sostiene— exista un acto administrativo plenamente válido que respalde esa actuación. Para la edilesa, la respuesta reiterada de la administración local ante las problemáticas comunitarias ha sido que “no hay contratos”, una afirmación que contrasta con el volumen de compromisos suscritos.

Las cifras han seguido aumentando. Inicialmente se habló de cerca de 290 contratos firmados en un periodo de 13 días, una dinámica que contrasta con otras alcaldías locales que, en el mismo lapso, registraron niveles de contratación significativamente menores. Posteriormente, el número habría ascendido a más de 400 contratos, de acuerdo con información conocida en escenarios de debate público y redes sociales.

Analistas consultados por NoticiasBta explican que, desde el punto de vista jurídico, los contratos firmados durante este periodo se amparan en la presunción de legalidad, dado que la autoridad de la alcaldesa no ha sido retirada formalmente. Un comunicado de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, emitido el 8 de enero de 2026, confirmó que mientras la aclaración esté pendiente, Marín Ospina puede ejercer sus funciones con normalidad. No obstante, los expertos advierten que si el Consejo de Estado resuelve la aclaración confirmando la nulidad del nombramiento con efectos retroactivos, los contratos no se anularían automáticamente, pero sí podrían ser objeto de controversias judiciales individuales por falta de competencia, abriendo un escenario de incertidumbre administrativa para la localidad.

En Kennedy, el debate se vive más allá de los tecnicismos legales. Para la edilesa Luz Stella Díaz Arévalo y distintos líderes comunitarios, la preocupación central es política e institucional: la brecha entre el discurso de ausencia de recursos para los barrios y una contratación acelerada bajo una autoridad cuya continuidad está jurídicamente cuestionada. La definición final, por ahora, sigue en manos del Consejo de Estado.