¿Captura o secuestro? El mundo cuestiona la operación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro

Mientras Washington defiende la operación como un acto de justicia internacional, varios gobiernos y analistas coinciden en que el procedimiento plantea serias dudas sobre su legalidad y abre un debate profundo: ¿se trató de una captura legítima o de un secuestro internacional?

Desde la perspectiva de Estados Unidos, la operación fue una acción directa contra lo que considera un régimen ilegítimo, responsable de delitos transnacionales y amenazas a la seguridad hemisférica. La Casa Blanca sostiene que la neutralización de capacidades militares venezolanas y la detención de Maduro se enmarcan en el ejercicio de su jurisdicción penal y en la defensa de intereses estratégicos.

Sin embargo, esa interpretación no es compartida por una parte significativa de la comunidad internacional.

Reacciones globales: soberanía en disputa

China y Rusia han coincidido en calificar la operación como una violación grave del derecho internacional y de la soberanía de Venezuela. Ambos gobiernos han advertido que el uso unilateral de la fuerza, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, debilita los principios básicos del sistema multilateral y sienta un precedente peligroso para las relaciones entre Estados.

Para estas potencias, la captura de un jefe de Estado en ejercicio dentro de su propio territorio, mediante una operación militar extranjera, constituye una transgresión directa a la Carta de las Naciones Unidas, independientemente de las acusaciones que pesen sobre el mandatario.

En América Latina, Colombia también expresó preocupación por la legalidad de la intervención. Desde Bogotá se ha señalado que, aunque la crisis venezolana es profunda y tiene impactos regionales evidentes, la solución no puede basarse en acciones militares unilaterales que desconozcan los canales del derecho internacional y la diplomacia.

El consenso académico: una legalidad frágil

En el ámbito del derecho internacional, el debate es menos ideológico y más técnico. El consenso predominante sostiene que los Estados no tienen facultad para ejecutar capturas de jefes de Estado extranjeros en ejercicio dentro de su territorio sin consentimiento del país afectado o sin mandato de un organismo multilateral competente.

Incluso en casos de presuntos crímenes internacionales, los mecanismos reconocidos son la cooperación judicial, la extradición o la actuación de tribunales internacionales. Saltarse esas vías, advierten los analistas, expone a cualquier Estado a acusaciones de secuestro internacional, uso ilegítimo de la fuerza e intervención indebida.

¿Dónde está la línea? La diferencia entre captura y secuestro no es semántica, sino jurídica.
Una captura legítima requiere:

• Jurisdicción clara.

• Procedimientos multilaterales.

• Respeto por la soberanía estatal.

Un secuestro internacional, en cambio, se configura cuando un Estado priva de la libertad a una persona en territorio extranjero sin base legal reconocida por el derecho internacional.

En el caso de Maduro, la ausencia de autorización internacional y el uso directo de fuerza militar colocan la operación en una zona gris que, para muchos gobiernos y expertos, se inclina peligrosamente hacia la ilegalidad.

Un precedente con impacto global

Más allá del destino judicial de Maduro, lo ocurrido plantea una pregunta que inquieta a cancillerías de todo el mundo: si esta acción se legitima, ¿qué impediría que otros Estados adopten estrategias similares contra líderes extranjeros bajo sus propios criterios políticos o judiciales?

La operación contra Maduro no solo redefine la crisis venezolana. Reabre el debate sobre los límites del poder, la vigencia de la soberanía y el futuro del orden internacional. Y deja claro que, para buena parte del mundo, la frontera entre justicia y fuerza nunca había sido tan difusa.