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La concejal de Bogotá Tata Hernández, del partido Centro Democrático, puso bajo escrutinio público un contrato por 640 millones de pesos suscrito por la Alcaldía Local de Kennedy, al advertir lo que describió como una serie de sobrecostos sistemáticos en bienes de consumo básico financiados con recursos públicos.

En un Concejo de Bogotá marcado por un tono áspero y cargado de cifras, la concejal Rocío Dussán lanzó una de las advertencias más severas contra la política de seguridad del alcalde Carlos Fernando Galán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un intento por estabilizar una relación bilateral marcada por desacuerdos en materia de seguridad, comercio y política exterior, incluidos recientes anuncios de aranceles que afectaron exportaciones colombianas.

“Bogotá no puede seguir esperando a que llueva”, advirtió el concejal Marco Acosta ante el Concejo Distrital, al presentar un panorama que, lejos de la calma que han traído las lluvias recientes, sugiere que la capital se encamina nuevamente hacia una crisis de agua. Su mensaje fue directo: sin cambios estructurales inmediatos, el racionamiento podría volver en 2026.

“Tener la plata guardada mientras la ciudad se ahoga en basuras no es austeridad, es mala gestión”. Con esa frase, la concejala Diana Diago puso en el centro del debate una cifra que incomoda a la administración distrital: 23.143 millones de pesos sin ejecutar en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) al cierre de 2025, en plena crisis de aseo en Bogotá.

Mientras en los barrios de Kennedy las comunidades reciben como respuesta reiterada que “no hay contratos” para atender problemas urgentes de movilidad, espacio público y seguridad, en los despachos de la alcaldía local se ha venido firmando una contratación que ya supera decenas de miles de millones de pesos. Así lo denunció la edilesa Luz Stella Díaz Arévalo, quien puso en el centro del debate la actuación de la alcaldesa local, Karla Marín Ospina, pese a un fallo adverso del Consejo de Estado que anuló su designación por inhabilidad.